Resumen: Cuando en el periodo de seis años anteriores a la situación de desempleo concurre un periodo de suspensión de la relación laboral por ERTE derivado de Covid-19, no se aplica el régimen general para el cómputo de días cotizados a efectos de la duración de la prestación, sino que se incluye el periodo de suspensión porque así deriva del RDL 8/2020 cuando establece que no se descontarán como consumidos los días en que se ha percibido prestación de desempleo por ERTE Covid-19, y que se accederá a la prestación de desempleo aunque se carezca del periodo de ocupación cotizada mínimo para ello. Tales medidas inicialmente vigentes hasta el 30 de septiembre de 2020 se prorrogaron automáticamente hasta el 31 de enero de 2021, luego al 31 de mayo de 2021 y posteriormente hasta el 1 de Enero de 2022 para aquéllos que accedan al nuevo derecho antes de esa fecha como consecuencia de la finalización de un contrato o despido.
Resumen: PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD. PANDEMIA. IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR ACTIVIDAD. SITUACIÓN LEGAL DE CESE. CESE TOTAL. EXTINCIÓN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL. FALTA DE RELACIÓN PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LA CONTRADICCIÓN Y FALTA DE CONTRADICCIÓN.
Resumen: Se estima el recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que estimó parcialmente el recurso interpuesto revocando la liquidación por el Impuesto sobre Actividades Económicas, se invoca la concurrencia de la causa de inadmisibilidad por la existencia de un acto consentido, pero la Sala tras recoger la jurisprudencia sobre esta figura tributaria rechaza dicha inadmisibilidad, dado que el sentido de la reclamación era en relación con la matricula del Impuesto, por lo que no podía tomarse en consideración el transcurso del tiempo desde la interposición ante el TEAR, pero en cuanto al fondo que la oposición de la Administración se basaba en la falta de competencia para la modificación del epígrafe del impuesto, cuando el objeto del recurso en la instancia, quedó centrado en los efectos de la liquidación, cuya competencia en la gestión corresponde a la entidad local por imperativo legal, pero atendiendo a la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, sobre los efectos de la paralización de las actividades como consecuencia de la declaración del estado de alarma y dado que la parte recurrente con la impugnación de la matrícula, lo que pretendía es la devolución de la cuota abonada por medio de la liquidación en concepto de IAE, ello no resulta procedente dado que lo que se impugnó fue la matricula del IAE por lo que se revoca la sentencia apelada que no debió pronunciarse sobre la liquidación.
